La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres en México no son formalmente investigados, juzgados y sancionados por los sistemas de administración de justicia, dijo en conferencia Tania Reneaum, de la Universidad Pompeau Fabra de Madrid, España, al explicar el porqué en pocos casos, los delitos de abuso sexual, violación y violencia familiar llegan a sentencia y agregó que la impunidad existente perpetúa la violencia.Durante la conferencia, titulada “Violencia en contra de las mujeres, el caso de México”, Reneaum explicó que el acceso a la justicia es más “que el acceso a los tribunales”, e implica el goce de derechos sociales como a la vivienda, a la educación y a los recursos básicos de la sobrevivencia como el agua y la comida, además del adecuado ejercicio de los derechos por parte de los hombres y las mujeres.
Sobre la dimensión del problema, mencionó algunos resultados derivados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones (2006), donde 43 por ciento de las mujeres entrevistadas dice haber sido víctima de violencia por parte de sus parejas actuales o en sus relaciones más recientes.
Además en el ámbito laboral, tres de cada 10 mujeres mexicanas mayores de 15 años, señalaron haber tenido algún incidente de violencia (acoso, discriminación, hostigamiento o abuso sexual), y en el ámbito comunitario, 40 por ciento ha enfrentado algún tipo de violencia, mientras que el 92 por ciento ha sufrido intimidación.
La investigadora recordó el llamado Caso Campo Algodonero que fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009, donde el Estado mexicano incumplió con su deber de investigación y con ello de garantizar los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personal, al manifestar actitudes indiferentes y hasta hostiles de las autoridades hacia las madres de las víctimas.
“La Corte reconoció la existencia de un patrón de conductas estatales hacia familiares de mujeres víctimas de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, como tratos despectivos, irrespetuosos y hasta agresivos, y configuró a la violencia sexual como acto de tortura con la finalidad de obtener información por parte de agentes militares, además de establecer la violencia sexual como una forma de discriminación contra la mujer”, concluyó.
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