En 2011, dos países de África penalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo, Sudán del Sur, de reciente creación, que acogió la ley vigente en Sudán en la materia, salvo la pena de muerte; y Benin, que ratificó durante el Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas su postura al respecto.
Lo anterior fue revelado por reporte Homofobia de Estado. Un informe mundial sobre las leyes que criminalizan la actividad sexual con consentimiento entre personas adultas del mismo sexo.
El documento presentado en la Comisión de Derechos Humanos del DF con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, señala que en el año pasado 78 países castigaban las relaciones homosexuales, y 113 las consideran legales o no las sancionan; dos países, Irak e India no han definido su posición al respecto y en 5 países (Irán, Arabia Saudita, Yemen, Sudán, Mauritania, y algunas regiones de Somalia y Nigeria) están penalizadas con la muerte.
El documento, elaborado por Lucas Paoli Itaborahy de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA por sus siglas en inglés) señala que en 99 países existen legislaciones que garantizan la equidad en la edad de consentimiento para el inicio de actos homosexuales y heterosexuales.
Mientras que en 15 países hay inequidad en la edad pues se permite a los hombres un comienzo sexual a edad más temprana.
En materia laboral, el reporte señala que en 52 países está prohibida la discriminación por orientación sexual en los centros de trabajo.
En este rubro, se informa que en 10 estados de la República Mexicana aplica este principio. En discriminación por identidad de género, el documento menciona que sólo 19 países han legislado en la materia.
En el caso de América Latina, sólo se registró a la ciudad de Rosario, Argentina.
Sobre reformas constitucionales que prohíben la discriminación por orientación sexual, la ILGA reporta que en seis países del mundo ya se realizó la modificación correspondiente (Sudáfrica, Bolivia, Ecuador, Kosovo, Portugal, Suiza y Suecia).
En torno a los crímenes de odio, la investigación arroja que en 20 países, entre ellos algunas regiones de México, se considera a la homofobia como una agravante del delito.
Al respecto, señala que sólo cuatro países, entre ellos México, consideran también a la discriminación por identidad de género como una agravante del crimen.
A su vez, se advierte que sólo en 24 países se considera como un delito la incitación a la violencia motivada por la orientación sexual de una persona.
Sobre el matrimonio igualitario, el compilado muestra que sólo en 10 países del mundo se han aprobado los matrimonios entre personas del mismo, además de regiones como el Distrito Federal en México.
En materia de adopción, la publicación informa que en 12 países del mundo, la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo es legal y sin restricciones.
Además, en 14 países se ha aprobado algún tipo de unión legal entre parejas del mismo sexo, incluido el estado de Coahuila, México con el Pacto Civil de Solidaridad; y en nueve se les reconocen algunos derechos a estas uniones, pero no hay una norma jurídica específica.
Por otro lado, en el rubro de legislaciones en materia de identidad de género, la ILGA asegura que tan sólo en 18 países se ha hecho una ley al respecto.
En el apartado de América Latina el informe menciona que a pesar de la firma de diversos convenios en la materia por países de la región, sucesos como el asesinato de Daniel Zamudio en Chile por parte de grupos neonazis, el de la activista transexual Agnes Torres, de México, así como los de 11 mujeres lesbianas en Centroamérica y de más de 70 integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBTTTI) en Honduras desde 2008, demuestran que los esfuerzos no son suficientes.
El reporte señala que la violencia contra el colectivo LGBTTTI de la región es producto de la homofobia de la Iglesia, el fundamentalismo conservador, la falta de consideración de las demandas sociales de esta comunidad y la falta de voluntad de los gobiernos para derogar las normas represivas existentes.
La ILGA recomienda elaborar una definición sobre crimen de odio, asegurar el respeto al Estado laico en América Latina, erradicar el discurso de odio promovido por la Iglesia católica y otros grupos fundamentalistas, poner atención en todas las modalidades de violencia que afectan a la comunidad no heterosexual y facilitar los mecanismos de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones basadas en los tratados internacionales firmados por países de la región.
Los co secretarios de ILGA, Gloria Careaga y Renato Sabbadini señalan en la introducción del informe que hay situaciones alarmantes en países como Rusia, en específico la ciudad de San Petersburgo y otras regiones que han promulgado leyes contra la difusión de propaganda homosexual, situación que, indican, puede afectar las labores de los defensores de derechos humanos.
De esta manera, el informe reconoce que a pesar de los esfuerzos legislativos en muchos países para erradicar la discriminación a las personas no heterosexuales, y los actos de violencia en su contra, estos no son suficientes para garantizar la seguridad y la integridad del colectivo LGBTTTI en sus propios países.
Gloria Careaga señaló que un cambio legislativo no es suficiente para erradicar la homofobia en un país, en este caso México, sobre todo cuando el término establecido en la Constitución Política, sólo garantiza el respeto a la preferencia sexual, pero no a la orientación sexual y a la identidad de género.
Explicó que en nuestro país, los logros en materia de reconocimiento de derechos humanos de la población LGBTTTI sucedieron de “manera muy rápida”, por lo que ahora faltan conocimientos para saber utilizar las herramientas logradas.
Para la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, “el desafío actual del colectivo LGBTTTI es el cambio cultural y la pregunta es cómo lo vamos a hacer en una sociedad tan compleja”.
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