El argumento en favor de extender a las personas lesbianas,
gays, bisexuales y transgénero (personas LGBT)
los mismos derechos que gozan todas las demás personas
no es radical ni complicado.
Se basa en dos principios
fundamentales que sustentan las normas internacionales
de derechos humanos: igualdad y no discriminación.
Las palabras iniciales de la Declaración Universal de
Derechos Humanos son inequívocas: “Todos los seres
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
Sin embargo, las actitudes homofóbicas sumamente arraigadas, a menudo
combinadas con la falta de protección jurídica adecuada contra la discriminación
basada en la orientación sexual y la identidad de género, exponen a
muchas personas LGBT de todas las edades y en todas las regiones del mundo
a violaciones flagrantes de sus derechos humanos.
Se discrimina contra ellas
en el mercado laboral, en las escuelas y en los hospitales y en ciertos casos
hasta son maltratadas y desheredadas por sus propias familias.
En las calles
de aldeas y ciudades de todo el mundo son víctimas selectivas de ataques
físicos: palizas, golpes, abuso sexual, tortura y asesinato.
Y en más de 75
países las leyes discriminatorias tipifican penalmente las relaciones privadas
y consentidas entre personas del mismo sexo, exponiéndolas a ser arrestadas,
enjuiciadas y encarceladas.
Desde comienzos del decenio de 1990 los mecanismos de derechos humanos
de las Naciones Unidas han expresado repetidamente su preocupación por
esas y otras violaciones conexas.
Entre esos mecanismos figuran los órganos
creados en virtud de tratados para supervisar el cumplimiento por los Estados
de los tratados internacionales de derechos humanos y los relatores especiales y
otros expertos independientes nombrados por la anterior Comisión de Derechos
Humanos y su sucesor, el Consejo de Derechos Humanos, a fin de investigar
los retos apremiantes relativos a los derechos humanos e informar acerca de
ellos.
En 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución en la
que expresó su “grave preocupación” por la violencia y discriminación que se
cometen contra personas por su orientación sexual e identidad de género.
La
necesidad de adoptar medidas para poner fin a esas violaciones se reconoce
cada vez más, si es que no se la acepta universalmente.
Poner fin a la violencia y la discriminación contra las personas debido a su
orientación sexual e identidad de género es un gran reto en materia de derechos
humanos.
Espero que esta publicación, en la que se indican las obligaciones
jurídicas que incumben a los Estados respecto de las personas LGBT, pueda
contribuir a ese debate a nivel mundial, pero más a nivel nacional, que es
donde es necesario que ocurra el cumplimiento.
Pese a todas las dificultades, vivimos en una época de esperanza, ya que un
número cada vez mayor de Estados reconoce ahora la gravedad del problema
y la necesidad de adoptar medidas al respecto.
Mediante el compromiso y
los esfuerzos conjuntos de los Estados y de la sociedad civil, confío en que
veremos los principios de igualdad y no discriminación traducidos en realidad
para los millones de personas LGBT de todo el mundo.
Libro en pdf:
Website Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: