Estos incluyen la adopción de medidas proactivas para garantizar que las personas, en particular las personas en grupos vulnerables, puedan acceder a los servicios de tratamiento y prevención del VIH, designando y apoyando a los trabajadores esenciales, incluidas las organizaciones dirigidas por la comunidad, e implementando medidas para prevenir y abordar la violencia de género.
El informe se basa en Derechos en la época de COVID-19, publicado por ONUSIDA en marzo de 2020, que instó a los países a adoptar un enfoque de derechos humanos para responder al COVID-19, en línea con las mejores prácticas de 40 años de respuesta al VIH.
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