Quienes ejercemos este trabajo debemos ser las protagonistas.
Las mujeres trabajadoras sexuales queremos hacer valer nuestro derecho a trabajar, a decidir cómo hacerlo y a que se nos garanticen las condiciones mínimas para realizarlo.
Para ello es impostergable la sanción de leyes que regulen nuestra actividad.
Como trabajadoras nos asiste el derecho a contar con las mismas garantías que poseen las personas que ejercen cualquier otro trabajo y su ausencia provoca que padezcamos maltrato, violencia, precarización de las condiciones laborales y discriminación que no se corresponden con los compromisos que los Estados de la Región han asumido para defender y garantizar el ejercicio de los derechos humanos a toda su población.
Disponer de un marco de garantías para las mujeres que ejercemos este oficio se reflejará en una mejora en nuestra calidad de vida, ayudará a que dejemos de sufrir estigma, discriminación, persecución y marginación y contribuirá a que nuestras sociedades sean más incluyentes e igualitarias.
Por ello reclamamos un marco legal específico y una norma que defina claramente qué es trabajo sexual, qué persona entra en la categoría de trabajadora sexual, qué derechos tenemos quienes ejercemos la actividad, cómo el Estado garantizará que se cumpla la ley y nuestra participación en las políticas que nos atañen.
Necesitamos una ley que nos reconozca como trabajadoras para que podamos acceder a créditos para viviendas, a una jubilación digna y a una salud de buena calidad sin restricciones.
Una ley que nos defienda de los prejuicios, la exclusión, los abusos, el estigma y la constante vulneración de nuestros derechos.
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