La epidemia del VIH está ahora en su quinta década. Cuando el virus se identificó por primera vez en la década de 1980, decenas de jurisdicciones introdujeron leyes que conllevaban sanciones penales por transmisión, exposición y no divulgación del VIH.
Otros han utilizado estatutos generales, como leyes sobre agresión, comportamiento imprudente y daños corporales, para criminalizar a las personas que viven con el VIH, independientemente de la intención de transmitir o el riesgo de exposición.
A pesar de los avances científicos como la terapia antirretroviral y la profilaxis previa a la exposición, la criminalización persiste en todo el mundo. Si queremos poner fin a la epidemia del VIH, la respuesta no vendrá de la continua penalización de las personas que viven con el VIH.
Si la ley continúa considerando el VIH como un arma en lugar de un problema de salud pública, las poblaciones seguirán desconectadas de las soluciones de salud pública.
Las comunidades marginadas en particular enfrentan desigualdades que no se resolverán criminalizando un virus que ahora es una condición crónica y manejable en lugar de una enfermedad terminal.
Los legisladores pueden desempeñar un papel clave para facilitar la despenalización y establecer un marco que priorice la salud pública y los derechos individuales.
En las jurisdicciones que conservan estatutos específicos sobre el VIH, los legisladores pueden trabajar junto con expertos y líderes comunitarios para derogar, reformar y modernizar las leyes existentes.
Cuando se aplica el derecho penal general, los legisladores pueden presionar a los gobiernos para que aseguren que la orientación del enjuiciamiento sea proporcionada, científica y respete los derechos y la dignidad.
Website The Global Equality Caucus:
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