1.-Guía sobre políticas de drogas
Segunda edición
Aquellos que formulan las políticas nacionales y que trabajan en el campo de las drogas, desempeñan su labor en una época de incertidumbre.
La estrategia simplista de ‘guerra contra las drogas’ no ha alcanzado los objetivos clave de erradicar los mercados ilícitos y de reducir la prevalencia en su consumo. Al mismo tiempo, cada vez hay más evidencia de que el actual régimen de fiscalización de drogas ha tenido graves consecuencias negativas para el desarrollo, la salud pública y los derechos humanos.
Son, también, cada vez más los gobiernos que están estudiando opciones normativas alternativas para abordar los daños asociados con los mercados y el consumo de drogas.
Esta Guía está dirigida a los responsables de diseñar y poner en práctica políticas y programas de drogas eficaces, humanos y apropiados para las particularidades de diferentes países.
Cada capítulo de la Guía se dedica a un tipo diferente de reto normativo, analiza las pruebas empíricas existentes, las experiencias de distintos países, y ofrece consejos y recomendaciones para desarrollar respuestas eficaces en materia de políticas.
Esta es la segunda edición de la Guía. Al igual que su primera edición, publicada en 2010, es el fruto de una iniciativa de investigación y consulta con los expertos de nuestra red internacional.
Documento:
2.-
Informe del IDPC/DeJusticia - Las Cortes de Drogas:
Los alcances y retos de una alternativa a la prisión
En los últimos años, con el aumento de la población carcelaria y el consecuente hacinamiento, así como con el emergente acuerdo sobre lo inadecuado que resulta usar el derecho penal como la primera alternativa para enfrentar el problema de las drogas, se han venido impulsando alternativas a la privación de la libertad, entre las que se destacan las Cortes de Drogas –CdeD-.
Estas, más que una institución, son un modelo que tiende a implementarse con múltiples variaciones. Originalmente desarrollado en Estados Unidos, ha sido implementado en varios países alrededor del mundo, con resultados diversos.
Este documento, escrito por el IDPC y DeJusticia, pretende aportar algunos elementos relevantes a la discusión sobre la conveniencia de adoptar CdeD.
En particular, analiza cuáles son los verdaderos alcances del modelo, reconociendo sus límites y los obstáculos que existen para implementarlo.
El punto de partida conceptual es que para enfrentar el problema de las drogas se requieren de vías diferentes a la privación de la libertad, en especial frente a aquellas personas cuyo comportamiento delictivo está asociado con el uso de sustancias estupefacientes, y aquellas que no tienen una participación importante en las redes de tráfico, pues la cárcel no ofrece respuestas al uso de drogas, pero si aumenta la exposición a las redes criminales y promueve la desintegración familiar.
De allí la importancia de identificar y desarrollar alternativas a la prisión. Sin embargo, lo que resulta fundamental al momento de optar por alguna de las alternativas posibles en términos de política pública, es contar con evidencia sólida sobre sus alcances, reconocer us límites y evitar los riesgos que se pueden derivar.
Documento:
3.-
Política de drogas y narcotráfico en el Perú.
Un intento de reforma
Ricardo Soberón es un abogado peruano. A finales del 2010 y durante todo el 2011, Ricardo Soberón ejerció la dirección del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) y, en paralelo, desarrolló una intensa actividad política personal apoyando la candidatura del actual Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala.
Participó en la elaboración del Plan de Gobierno de la confluencia de movimientos de izquierda y el nacionalismo en “Gana Perú”, cuya principal oferta política se centraba en la “Gran Transformación”, que en el tema de drogas apuntaba principalmente a identificar y desmantelar las organizaciones criminales a partir de tres ejes: control de precursores, lavado e inteligencia, es decir un adecuado entendimiento del principio de la proporcionalidad en la aplicación de la ley penal, dejando por fuera los sectores más vulnerables de la cadena.
Una vez conocida la victoria, Ricardo fue parte del grupo de transferencia de la institución rectora, denominada DEVIDA, la Comisión Nacional por una Vida sin Drogas.
El 5 de Agosto, por encargo del premier Salomón Lerner; asumió la Presidencia Ejecutiva de DEVIDA.
Cinco meses después, salió del cargo. ¿Qué pasó?
Este documento ofrece sus reflexiones personales sobre su experiencia de gestión en el gobierno peruano.
Documento:
Website International Drug Plocy Consortium: