Ante el compromiso del gobierno español de dar continuidad al primer Plan de derechos humanos, vigente de 2008 a 2011, el Institut de Drets Humans de Catalunya publica un informe en el que se recogen las recomendaciones de las Naciones Unidas para la elaboración de este tipo de planes.
El informe extrae conclusiones de la experiencia del primer Plan de cara a la realización de una próxima estrategia en derechos humanos, que deberá realizar el nuevo gobierno.
El pasado 14 de febrero el Congreso de los diputados aprobó una proposición no de ley en la que instaba al gobierno a “implementar una estrategia con medidas concretas en política exterior e interior para la promoción y protección de los derechos humanos”.
El informe del IDHC ofrece un resumen del Handbook on National Human Rights Plans of Action , el manual que las Naciones Unidas pone a disposición de los estados para facilitar la elaboración de planes de acción.
Según este manual los planes de derechos humanos tienen como objetivo la mejora de la promoción y la protección de los derechos humanos de un determinado país.
Para conseguirlo, estas mejoras deben situarse el contexto de las políticas públicas, de tal manera que el gobierno planifique programas y medidas encaminados a ese disfrute, involucre a todos los ministerios y resto de administraciones y reserve los recursos necesarios para ello.
En el informe se analiza también el proceso de elaboración e implementación del Plan aprobado en diciembre de 2008 y vigente hasta el final de la última legislatura socialista en noviembre de 2011.
El Plan contenía 172 medidas que iban desde la ratificación de tratados internacionales de defensa de los derechos humanos, hasta la puesta en marcha de planes específicos como el de atención y prevención de la violencia de género en la población inmigrante, por ejemplo.
De las 172 medidas, 97 de ellas fueron implementadas, resultado que puede valorarse como exitoso. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que el proceso de redacción del Plan así como su seguimiento ni partió de un análisis previo de la situación de los derechos humanos en España ni contó con la participación de la sociedad civil y otros actores fundamentales en la defensa de los derechos humanos en el país, tal como recomienda las Naciones Unidas.
Aspectos como la regulación de los centros de internamiento de extranjeros o la justiciabilidad del derecho a la vivienda quedaron fuera del alcance del Plan. Y otros, como la reforma de la Ley de libertad religiosa, nunca se acometieron.
Para el IDHC “Los planes de derechos humanos son instrumentos de planificación de políticas públicas potencialmente muy poderosos y en ocasiones mal entendidos.
La promoción y protección de los derechos humanos de una población debe de ser el objetivo último y general de todo gobierno y, por tanto, debe escapar de los cambios de color político y situarse por encima de los vaivenes en el ejecutivo”.
De hecho, tal y como se recoge en el informe “ un plan de derechos humanos nos servirá de instrumento vertebrador y coordinador de políticas y medidas que probablemente ya se están llevando a cabo o que ya están planificadas, pero que no se habían analizado desde el prisma de los derechos humanos o no se les había puesto este calificativo.
Nos será de utilidad el plan no para hacer políticas de derechos humanos sino para planificar los derechos humanos en las políticas públicas”.
Con esta convicción, el IDHC presenta una serie de recomendaciones dirigidas tanto al gobierno, como a las administraciones regionales y locales, y a la sociedad civil, para trabajar de forma coordinada y siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas en la siguiente estrategia de derechos humanos.
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