Los integrantes del Consejo para la Prevención y la Atención Integral del VIH/sida del Distrito Federal, serán quienes sugieran cómo resolver la permanencia del banco de medicamentos operado por la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH en la Clínica Especializada Condesa (CEC).
Luego de reunirse un par de ocasiones y no llegar a acuerdos sobre la reapertura del local que hasta hace unas semanas ocupaba la Red, Gerardo Cabrera, presidente de esa organización civil, y Andrea González, coordinadora del Programa de VIH del DF, aceptaron llevar el tema a la próxima reunión del Consejo, la cual se prevé ocurra en un plazo máximo de seis semanas.
Ante el Consejo las partes en conflicto expondrán sus argumentos sobre el tema, cuyo punto álgido radica, según la funcionaria, en que el banco de medicamentos opera sin estar regulado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a la vez que los integrantes de la Red sostienen que una licencia sanitaria es un documento innecesario para el desarrollo de su actividad.
Tras calificar la condición de diálogo como “muy difícil”, Andrea González y Gerardo Cabrera, quien fue apoyado por otros activistas como Polo Gómez, de la organización civil Condomóvil, acordaron preguntar a la Cofepris sobre la validez del documento entregado por la Red en el que se solicita la apertura de “una farmacia sin minisúper” en un domicilio distinto al de la CEC.
De esta manera, la funcionaria y los activistas consultarán si el documento entregado por la Red a la Cofepris, constituye un aval que garantice un adecuado manejo, almacenamiento, prescripción y resguardo de los medicamentos antirretrovirales (ARV) proporcionados por el banco.
De acuerdo con el documento, la Red llenó un formato de aviso de funcionamiento de una “farmacia, botica o droguería (sin venta de medicamentos controlados ni productos biológicos” ubicada en Francisco Ayala número 59, colonia Vista Alegre, delegación Cuauhtémoc, dirección que alberga las instalaciones de la Red y no las del nosocomio.
Lo anterior ocasionó que González Rodríguez rechazara el documento por considerar que no se trata de una aprobación de la Cofepris, sino de una solicitud de autorización para operar una farmacia en un sitio distinto a la CEC, por lo que, dijo, aún está pendiente un permiso de operación que garantice el manejo de ARV conforme a las normativas vigentes.
En la reunión del pasado 11 de junio ambas partes acordaron un plazo de dos meses para que la Red obtuviera el aval de la Cofepris para manejar el banco de medicamentos que operaba en la CEC desde el año 2000.
Luego de que Cabrera Reséndiz asegurara mediante un correo electrónico que había concluido el trámite solicitado, los activistas y la funcionaria se reunieron el miércoles 4 de julio para convenir los términos en los que el banco de medicamentos reiniciaría actividades.
Sin embargo, la negociación no prosperó debido a que González Rodríguez negó que el documento entregado por la Red constituyera la autorización requerida.
Consultado por esta agencia, Gerardo Cabrera aseguró que sí obtuvieron el permiso de la dependencia para operar el banco. Subrayó que personal de la Cofepris lo asesoró en el trámite.
Así, luego de responder a preguntas como qué tipo de medicamentos distribuían, y que si los producían y vendían, el activista dijo que el permiso le fue otorgado.
Previamente, la Cofepris había solicitado la lista de fármacos manejados en el banco. Sin especificar, se incluyeron antibióticos, antimicóticos, antidiárreicos, antihistamínicos, y ARV. Tras esto, Cabrera Reséndiz declaró que la Cofepris le dijo que no requería de un permiso sino de un acta de funcionamiento y que eso fue lo presentado a la funcionaria.
“Andrea González rechazó que fuera el trámite solicitado, que nos debieron haber dado un acuse de recibo o algo parecido.
Lo que está claro es que la doctora no tiene voluntad política para resolver este problema. No quiere que el banco de medicamentos regrese a la Condesa porque significa evidenciar que sí hay desabasto de fármacos.
Por más que le explicamos que la Cofepris nos dijo que no requerimos licencia sanitaria, no hizo caso. Nos salió conque siempre no”.
El activista agregó que en la reunión también presentaron la cédula profesional del Químico Farmacéutico Biólogo, Baltazar Gutiérrez -quien en el documento que la Red asegura le fue entregado por la Cofepris-, aparece como responsable sanitario del banco, aunque el encargado de atenderlo es David Martínez, contador de profesión y quien actualmente toma un curso en línea para ser dependiente de farmacia.
“Reciben tus documentos, los sellan y los de la Cofepris nos dijeron que en el instante en que te dan el documento ese ya es tu alta.
Avalan que tu documentación está en regla. Luego pasarán a verificar datos como la dirección y demás, pero Andrea González quiere como un contrarrecibo, o un acuse de recibo, pero en la Cofepris no te lo dan.
El formato que ellos te dan y te sellan es tu alta”, externaron los activistas.
En contraste, la funcionaria argumentó que el desacuerdo surgió debido a que los activistas no entregaron el documento requerido sino una “notificación de apertura de una farmacia ubicada en la Red y en la que en ningún espacio se informa que el banco de medicamentos está en la Clínica Condesa”, por lo que incumplieron con el compromiso pactado.
González Rodríguez agregó que además de consultar a la Cofepris, en la junta se mencionó la conveniencia de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal intervenga a través de un visitador.
“Me parece una medida prudente e importante porque lo que se está discutiendo son los estándares de calidad y el derecho a recibir atención médica óptima por parte de los usuarios”.
Indicó que ante los señalamientos de “arbitrariedad” hechos en su contra y la descalificación que asegura hicieron de su trabajo los activistas, propuso llevar el tema ante el Consejo.
Sobre la propuesta hecha por González Rodríguez a la Red hace más de un año para que en el espacio ocupado por el banco albergara a otro proyecto debido a la falta de regulación por parte de la Cofepris y a supuestas entregas de medicamento ya caducado, ésta dijo que fue “desestimada” y ocasionó que la acusaran de “intento de manipulación”.
La coordinadora del Programa de VIH del DF mencionó que la relación con la Red se ha convertido en una serie de descalificaciones y de insultos hacia su trabajo al grado de desestimar los avances obtenidos en los tres últimos años.
“Hay un asunto de desconfianza y una descalificación de mi posición, motivos por los cuales es importante que el Consejo esté enterado. Mi intención es que (la Red) tenga el espacio para que de manera documentada hagan la denuncia correspondiente.
Las afirmaciones de Gerardo Cabrera van en el sentido de arbitrariedad, desconocimiento e ignorancia mías respecto al tema.
Son acusaciones serias, si demuestran lo que dicen tendrá un efecto inmediato”.
Convencida de que se trata de una situación “entrampada” pues el Consejo carece de facultades para autorizar o supervisar el funcionamiento del banco de medicamentos, a la par, Andrea González se muestra segura de que sus integrantes podrán sugerir cómo resolver el conflicto en favor de la salvaguarda del derecho a la salud de los usuarios de la CEC.
Por último, el espacio que ocupaba el banco de medicamentos continuará cerrado y no será utilizado hasta que el Consejo tome una decisión con respecto al tema.
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