R.I.P. por el Plan de Sida
Representantes de más de 300 organizaciones no gubernamentales dedicadas a la atención de pacientes con VIH han denunciado ante el Ministerio de Sanidad la "muerte en vida" del Plan Nacional sobre el Sida, un organismo que consideran "necesario", "útil" y "efectivo", y que no está incluido en las últimas partidas presupuestarias del Gobierno.
Portavoces de varias entidades estatales y autonómicas han leído un manifiesto y han depositado una corona de flores frente al Ministerio en una clara alusión a la desaparición de estas ayudas que suponen, a juicio del presidente de REDVIH, Julio Gómez, un "paso atrás", que afecta directa e indirectamente a toda la sociedad.
"Queremos, a través de este acto, denunciar la irresponsabilidad de las medidas conocidas y el escenario de incertidumbre en el que nos encontramos.
Las acciones de carácter sociosanitario que desarrollamos no tienen garantizadas su supervivencia al no existir a día de hoy certeza de la continuidad del Plan Nacional del Sida", ha reivindicado. Gómez ha denunciado que el ahorro económico (unos 16 millones de euros) "ni justifica ni compensa las situaciones que se van a derivar" de esta decisión "política, que no económica", puesto que "la cantidad no es importante".
Además, ha criticado que sea una "decisión unilateral" y que no haya contado con la opinión de ningún agente o sociedad científica. "Es de sobra conocido, que la prevención es mucho más rentable que el tratamiento posterior de la enfermedad", ha señalado.
De esta manera, ha afirmado que además de no lograr un ahorro económico real, "estas medidas supondrán un retroceso de la respuesta del VIH, lo que se traduce en nuevas infecciones, peor calidad de vida y mucho sufrimiento personal totalmente evitable".
"Las plataformas de entidades estatales y autonómicas de respuesta al VIH consideramos que medidas de este tipo suponen un ataque frontal a los derechos de la ciudadanía y socavan los pilares básicos de nuestro sistema sanitario", ha insistido.
Aclarar la situación Por su parte, Jorge Garrido, miembro de la Comisión Permanente de CESIDA, ha denunciado los "fracasados intentos de reunión" con la Ministra de Sanidad, Ana Mato, o con los partidos políticos, especialmente con el Partido Popular, para aclarar en qué partida de los Presupuestos Generales del Estado están consignadas estas ayudas y qué cantidades de dinero están destinadas a la respuesta al VIH.
En este sentido, el coordinador del Área de Salud de la FELGTB, Santiago Redondo, ha exigido al Gobierno que aclare esta situación. "Le exigimos que aclare públicamente la continuidad de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, actualmente 'descabezada' al no haber nadie en su dirección, así como la dotación económica que tendrá", ha argumentado.
Del mismo modo, ha exigido a las Comunidades Autónomas que se pronuncien sobre la financiación que van a destinar para la respuesta de las ONGs al VIH/Sida.
De esta manera, han insistido en que las organizaciones no gubernamentales no van a "guardar silencio ante las alarmantes noticias que llegan día a día". Ni tampoco lo van hacer ante las "funestas consecuencias" que van a sufrir las personas destinatarias de sus programas, que suelen ser los colectivos más vulnerables, ha señalado.
Así, y en relación al copago farmacéutico en los tratamientos de VIH, este experto ha reconocido que "es difícil saber" de qué manera puede afectar, y ha informado de que un tratamiento puede costar desde 600-700 euros mensuales hasta cantidades "inasumibles".
En la actualidad, la prevalencia de VIH en España es de 88,5 por cada millón de habitantes, siendo la transmisión en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres la más frecuente (46%); seguida de la heterosexual (33%); y la que se produce entre usuarios de drogas inyectadas (6%), según los datos del Ministerio de Sanidad.
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Inmigrantes sin Papeles con VIH: sus Vidas, en Peligro a Partir de Agosto
Las nuevas medidas del Gobierno para ahorrar en materia sanitaria implican un 'hachazo' a la tarjeta sanitaria para los inmigrantes sin documentación en España.
A partir de agosto, se cancelará este derecho y la cuerda se tensará hasta límites de riesgo vital para aquellas personas enfermas y con dependencia de tratamientos de por vida, como los afectados por el virus del SIDA.
Los inmigrantes sin papeles perderán el derecho de tener tarjeta sanitaria a partir del mes de agosto y, por tanto, de recibir atención médica gratuita en España. Es una de las consecuencias de los recortes en materia de Sanidad decididos por el Gobierno en las últimas semanas, basada en endurecer las medidas para obtener esta tarjeta. El padrón ya no es suficiente.
La decisión ha sido justificada por el Ejecutivo como medida para acabar con el llamado turismo sanitario, pero que, a su vez, perjudicará a los inmigrantes desprovistos de papeles y que viven en el país.
La situación se vuelve aún más extrema cuando consideramos a los inmigrantes en las condiciones descritas, que además están aquejados de enfermedades como el VIH: los médicos estarán obligados a dejar de administrarles tratamiento, pese a las nefastas consecuencias.
"Se plantea una situación complicada y alarmante", explica Cristina Alonso, educadora de la Asociación Basida, en Aranjuez, que acoge y atiende con distintos programas a afectados por el SIDA y problemas de drogodependencia.
"La medicación en los enfermos de SIDA es imprescindible para poder vivir", sentencia, asegurando que gracias a los tratamientos, las personas con el virus VIH han conseguido optar a una muy considerable calidad de vida.
Sin tratamiento, la muerte El tratamiento basado en antirretrovirales, además de muy costoso y solo suministrable desde centros hospitalarios -no pueden adquirirse estas medicinas en las farmacias-, debe ser administrado a diario.
La pregunta es: ¿qué sucederá cuando, a partir de agosto, un colectivo de la población afectada no tenga derecho a recibirlo? La educadora es clara al respecto: "Depende de la persona, pero, sin medicamentos, el SIDA podría desarrollarse por completo en un plazo de dos a cuatro años, y en otros dos o tres años podría causar la muerte debido a la aparición de otras enfermedades relacionadas, como la tuberculosis".
Colectivos de médicos ya están dando la voz de alarma sobre este sector de población que puede ver en riesgo su vida, y se han rebelado contra los recortes del Gobierno amenazando con seguir atendiendo a sus pacientes.
"Entra en juego la ética y el compromiso personal", justifica Cristina Alonso, consciente de que no solo las organizaciones y asociaciones no gubernamentales están preocupadas por este asunto y, en particular, en cómo podrán articular una respuesta para el panorama emergente.
Asciende el número de inmigrantes con VIH No serán pocos los afectados por esta situación. Según el propio Ministerio de Sanidad, los nuevos casos diagnosticados de VIH por contagio debido a relaciones sexuales homosexuales afectan a inmigrantes en el 31,7% de las ocasiones, que además adquieren el virus en España.
La asociación Cogam, que representa al colectivo de gays, lesbianas y transexuales, advierte que en sus programas de atención al VIH, más del 80% de las personas relacionadas con el trabajo sexual que acudieron a sus oficinas fueron inmigrantes, y ascienden al 31% los que acudieron para realizarse una prueba rápida para diagnosticar la enfermedad.
"Si sumamos las restricciones por la situación legal de la inmigración, el resultado es una total vulnerabilidad y un horizonte de estigma, discriminación y enfermedad", advierte Agustín López, presidente de Cogam, desde la web del colectivo.
Cristina Alonso se suma desde su experiencia profesional en la asociación Basida a la percepción de un aumento sostenido de los inmigrantes afectados por el VIH.
Aunque desde la asociación siguen apostando por intentar la regularización de estas personas, son procesos largos y complicados que, desde luego, no podrán estar resueltos para antes de agosto, plazo en que muchos inmigrantes enfermos se verán sin derecho a recibir atención médica.
"La situación será bastante grave no solo por no poder recibir tratamiento, sino porque ni siquiera podrán acudir al médico". Surgen nuevas enfermedades Una de las consecuencias más serias del abandono del tratamiento para el enfermo de SIDA es la aparición de otras enfermedades relacionadas, como la tuberculosis.
Otro de los grandes problemas que pueden derivar del hostil escenario al que se enfrentarán inmigrantes enfermos es, precisamente, el de la vuelta de un tipo de enfermedad con una prevalencia prácticamente inapreciable en nuestro país.
"La tuberculosis podría volver a afectar a toda la población española y se convertiría en un problema de salud pública", precisa Alonso.
Las asociaciones y ONGs son conscientes de que se convertirán en protagonistas a partir de agosto, ya que es previsible que muchas personas en situaciones extremas acudan a estas organizaciones en busca de apoyo y soluciones.
Pero un problema más emerge en el horizonte: el Plan Nacional del SIDA ha quedado fuera de los presupuestos de 2012, y de ahí surge una parte importante de los fondos necesarios para gestionar la prevención y el tratamiento de la enfermedad.
"El tejido asociativo relacionado con el VIH está preocupado, porque tenemos la sensación de que está cambiando la filosofía hacia la enfermedad, que deja de ser considerada seriamente", reconoce la educadora.
En la mañana de este viernes, distintas ONGs unían sus voces frente al Ministerio de Sanidad para alertar sobre el complicado escenario de vida o muerte que se avecinará en pocos meses.
La prevalencia del SIDA en España es de 88,5 por cada millón de habitantes, siendo el modo de transmisión más frecuente por relaciones sexuales entre hombres (46%), seguido de relaciones heterosexuales (33%) y por intercambios de inyecciones de droga (6%).
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