La protesta realizada hace unos días por organizaciones civiles y personas que viven con VIH/sida en rechazo a la implementación de una nueva Guía de Manejo Antirretroviral, que consideran perjudica la atención de la epidemia en el país.Aún no ha recibido respuesta por parte del titular de la Secretaría de Salud, Salomón Chertorivski, por lo que entregaron una carta a la Presidencia de la República para exigir se detenga la publicación de ese documento.
Luis Adrián Quiroz, secretario general de Derechohabientes Viviendo con VIH/sida, aseguró que una vez transcurridos los días de asueto de Semana Santa, los inconformes se reunirán con distintos legisladores de la Cámara de Diputados.
A quienes también entregaron su carta de inconformidad, para manifestarles su descontento con la nueva guía elaborada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida).
Indicó que la guía, en caso de aprobarse, obligará a los médicos del sector público a usar solamente tres alternativas antirretrovirales para quienes acudan por vez primera a recibir tratamiento, por lo que ha recibido severas críticas por parte de algunos jefes de programa estatales de VIH como los del Estado de México y el Distrito Federal, por considerarlo inadecuado para enfrentar la epidemia.
El activista añadió que la intervención de Carmen Soler, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en la elaboración de la nueva guía debe alertar a quienes viven con VIH pues aseguró que Soler no es médico tratante y carece de un doctorado en Medicina.
Sobre las declaraciones hechas por la investigadora de la UNAM en torno a la reducción en el número de esquemas de tratamiento antirretroviral.
Quiroz Castillo las calificó como indicios de una “política de no asistencia integral”, y dijo que las organizaciones civiles preguntarán a la Rectoría si la máxima Casa de Estudios colaboró en la nueva guía, o Soler lo hizo por cuenta propia, y de ser así, dijo, se demostraría que el documento “carece de sustento técnico-clínico”.
En torno a la indicación del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular para optimizar los recursos económicos destinados al VIH/sida, las organizaciones civiles exigieron “una guía sustentada en evidencias científicas y no en raseros económicos pues se ha demostrado que la aplicación de ese tipo de políticas aumenta el costo de la atención integral”.
Luis Adrián Quiroz recordó que en 2008, en vísperas de la XVII Conferencia Internacional sobre Sida realizada en esta ciudad, el gobierno mexicano anunció con “bombo y platillo” la creación de la Comisión Negociadora de Precios de Medicamentos y otros insumos para la Salud para lograr la reducción en los precios de los antirretrovirales fabricados por diversos laboratorios.
“¿Qué ha pasado con esos ahorros calculados en 4 mil millones de pesos? Es preocupante el discurso gubernamental de ‘queremos ahorrar’ porque en esa ocasión se anunció que esos recursos se utilizarían para proveer los servicios”.
Aseguró que el Censida tiene una política “sesgada y de doble discurso” con las organizaciones civiles pues su director, José Antonio Izazola “incita al diálogo pero no lo impulsa”, motivo por el cual se dirigieron con el secretario de Salud, Salomón Chertorivski.
“No vamos a dar un paso atrás en este proceso, estamos pidiendo una cita con el secretario Chertorivski para saber qué es lo que está pasando”, concluyó Quiroz Castillo.
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