La noticia fue bien recibida y obtuvo el contundente respaldo de quienes viven con el VIH, sus familiares y parejas, al igual que las organizaciones de la sociedad civil y otros movimientos sociales, de instituciones públicas y del sistema de Naciones Unidas que trabajan arduamente en esta compleja área social en Venezuela.
El anuncio oficial responde a las numerosas solicitudes efectuadas en el transcurrir de los últimos 30 años y a partir que se inició la epidemia del VIH/SIDA en el país.
Una vez aprobada por el parlamento, la nueva ley será un reconocimiento oficial de la importancia a respetar los derechos humanos en la respuesta al VIH/SIDA y a la condición especial de vulnerabilidad frente al virus que tienen las poblaciones más afectadas y prioritarias en la política pública en esta materia.
También será una muestra de voluntad política del Estado en asumir su obligación de responder a la gravedad del impacto y al enquistamiento de la discriminación y el estigma relacionados con el VIH, el género, la orientación sexual, identidad de género y expresión de género en los distintos ámbitos de la sociedad venezolana.
Como es bien sabido, la discriminación es el mayor obstáculo en las acciones de prevención, atención y tratamientos en VIH, lo que impide que las personas y aquellas que pertenezcan a algunos de las poblaciones asociadas al VIH, ejerzan y disfruten libremente sus derechos.
La discriminación por VIH es el producto del miedo, el temor, la desinformación, el rechazo y trato desigual, la violencia, el dominio del poder, el machismo y la homo-lesbo-bi-transfobia.
La discriminación se materializa contra las personas con VIH cuando se les niegan la atención médica o las maltratan en los centros de salud públicos y privados, las despiden injustificadamente de su lugar de trabajo, las privan de la maternidad y paternidad, e impiden acceder y permanecer en las instituciones educativas y deportivas.
La condición de VIH es utilizada como la gran e inmoral justificación de las empresas aseguradoras para negarse a establecer contratos de seguros vinculados con la salud y no pagar las indemnizaciones a sus clientes con VIH.
Por tanto, la ley debería fomentar la adopción de medidas positivas a favor de las personas con VIH para que se garantice la igualdad de forma real y efectiva, para evitar que sean conducidas a la muerte social, tal como hoy sucede con nuestros jóvenes con VIH, a quienes se les trunca el futuro cuando se les cierran las oportunidades a seguir estudiando y a conseguir o permanecer en su primera experiencia laboral.
Es esencial que la ley se enfoque en la prevención y protección de las poblaciones afectadas por el VIH/SIDA, tomando en cuenta sus demandas y especificidades para contrarrestar la vulnerabilidad de cada grupo poblacional.
Un ejemplo es el drama de la exclusión histórica que viven en carne propia junto con sus parejas y familias las personas de la diversidad sexual, las personas que ejercen el trabajo sexual, las personas con discapacidad, las personas privadas de libertad y las personas usuarias de drogas, que aunado al VIH son doblemente discriminadas, perseguidas y humilladas aún en democracia.
Otra de las poblaciones afectadas son las embarazadas con VIH y sus bebés, quienes requieren ser protegidos de la discriminación y asegurarles que no ocurrirá la transmisión del VIH antes, durante y después del parto, y así evitar lo que anualmente sucede, como son los inadmisibles nacimientos de más de 600 niñas y niños infectados con VIH, bajo la mirada y el silencio cómplice del sistema público sanitario.
Estas y otras tantas razones justifican la importancia de esta ley, porque se logrará finalmente legalizar y reconocer la igualdad de todas las personas con VIH, sus familiares y parejas en la República Bolivariana de Venezuela.
¡Señora Defensora del Pueblo esperamos por usted!!!.
