En conferencia de prensa la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe Hispano (RedTraSex) presentó los resultados del primer estudio que analiza cómo ciertos marcos normativos y sus aplicaciones están vulnerando los derechos de las mujeres trabajadoras de Latinoamérica y el Caribe.
Frente a un auditorio pleno, con más de 30 trabajadoras sexuales, periodistas, integrantes de organizaciones sociales y organismos financiadores, se presentaron los principales hallazgos del estudio regional que aborda la situación legal de 15 países de la región (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay).
Además de ser el primer estudio regional en abordar este tema, es el primero en ser realizado por trabajadoras sexuales, capacitadas para dicha tarea.
“Fuimos nosotras las que conseguimos los recursos para hacerlo, las que pensamos e hicimos el estudio”, declaró Elena Reynaga, Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex.
El estudio se centra en la situación legal del trabajo sexual en los países mencionados, hace hincapié en las regulaciones que afectan el ejercicio del trabajo sexual y se explora la aplicación de dichos marcos legales por parte de las fuerzas de seguridad y los agentes de justicia.
Uno de los principales puntos que resalta el informe es que el trabajo sexual ejercido de manera autónoma no está prohibido en ninguno de los países estudiados, aunque sí en todos los casos se penaliza el proxenetismo (la explotación en mano de terceros).
Sin embargo en todos los países de la región existen normas y códigos legales que criminalizan acciones relacionadas con el trabajo sexual, como es el caso de ciertos códigos contravencionales.
Esto genera un marco de legitimidad para la represión policial, la violencia institucional y la falta de acceso a servicios básicos de salud, incluyendo la atención y tratamiento del VIH y el SIDA, generando un cerco de clandestinidad alrededor del trabajo sexual que aumenta el estigma e incrementa la vulnerabilidad de las mujeres trabajadoras sexuales.
La Secretaria Ejecutiva de la Red, Elena Reynaga, señaló a la prensa que: “Las leyes contra la trata y los códigos contravencionales y la falta de legislación que reconozca el trabajo sexual como tal hace que nosotras estemos cada día más clandestinizadas.
Si esto sigue, corre riesgo el trabajo que logramos las organizaciones de trabajadoras sexuales que fue bajar la prevalencia de VIH en trabajadoras sexuales, en estos 30 años de la epidemia del SIDA.
Porque cuanto más se clandestiniza el trabajo sexual, mayor vulneración de los derechos tenemos las trabajadoras”.
El trabajo de investigación se realizó en el marco del proyecto que la RedTraSex realiza con el apoyo del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.
Representantes de la institución financiera asistieron a la presentación del estudio y expusieron la visión de su organización acerca del estudio realizado. “Los resultados son indispensables para ayudarnos a tomar conciencia que la criminalización del trabajo sexual es contraproducente desde la perspectiva de salud pública, ya que marginaliza a aquellas poblaciones que son más vulnerables, a contraer el VIH.
Esas medidas no son compatibles con los programas y medidas que apuntan a protegerlas o prevenir el contagio de enfermedades” afirmaron Noemie Restrepo, Gerente de Cartera para América Latina y el Caribe y Nuria Diez Ungo, Oficial de Programas Senior para América Latina y el Caribe.
Frente a una ola que proclama el modelo legislativo de Suecia como el ejemplo a seguir, este estudio demuestra claramente cómo la prohibición del trabajo sexual y su confusión con la trata de personas con fines de explotación sexual, lleva a una mayor clandestinización del trabajo sexual que, lejos de desaparecer, se sumerge en la mayor de las marginalidades.
Lucila Esquivel, coordinadora del Nodo Cono Sur e integrante de la Junta Directiva de la red, explicó otro de los hallazgos del estudio, que está vinculado con la asociación que en todos los países se hace entre trata de personas y trabajo sexual.
La consecuencia de esta profunda confusión, es en palabras de Lucila “una de las causas por las que se nos persigue y criminaliza".
Pero enseguida señaló una salida: "Es fundamental que exista en nuestros países leyes de trabajo sexual, que hagan una clara diferencia y contribuyan a perseguir y terminar con la trata”.
En el caso de Centroamérica se encontraron reiterados casos de abuso tanto en manos de las fuerzas policiales como de pandillas, y la ausencia de actores que protejan o defiendan los derechos de las mujeres que ejercen el trabajo sexual frente a cualquier tipo de atropello.
Haydée Lainez, coordinadora del Nodo Centroamérica e integrante de la Junda Directiva de la red, sostuvo que es fundamental “encontrar estrategias y medidas que apunten a disminuir la violencia que existe contra las trabajadoras sexuales” en este sentido remarcó la importancia que tiene el empoderamiento de las mujeres y la cultura de la denuncia.
“El estudio nos da argumentos y herramientas para defender los derechos de las mujeres y tomar conciencia que debemos actuar para que el estudio no quede solo en un papel”.
Otro de los puntos a remarcar del informe es que da cuenta de cómo las mujeres trabajadoras sexuales son sistemáticamente excluidas de los espacios de toma de decisiones al no ser consideradas como actores activos para el diseño e implementación de políticas públicas y legislaciones.
Pero la investigación también identifica oportunidades para revertir esta situación y que las mujeres trabajadoras sexuales de cada país puedan incidir en políticas.
Para Elena Reynaga, el estudio propone “un plan de incidencia política, para empezar a mejorar y fortalecer iniciativas. Hay que mejorar y crear leyes que reconozcan el trabajo sexual y que se deroguen todos los códigos contravencionales en nuestros países.
Por eso pedimos que diferencien los temas, que nos incluyan en las mesas de trabajo y que se depure a la policía, porque el mayor problema que tenemos las trabajadoras sexuales hoy, más allá de las leyes, es que tenemos una policía terriblemente violenta y corrupta”.
Resulta evidente la necesidad de una urgente revisión de la legislación a nivel regional, para lograr que se respeten los derechos que como seres humanos, tenemos las mujeres trabajadoras sexuales.
Es el reconocimiento y no la indiferencia o su negación lo que permitirá generar una sociedad más justa y sana, donde todos los habitantes puedan acceder al pleno goce de sus derechos.
Articulo de Referencia:
Resumen del Estudio en pdf:
Website RedTraSex:
