La aplicación de la ley criminal a la exposición y transmisión del VIH viene condicionada por un bien intencionado deseo de proteger a las mujeres y de responder a una gran preocupación por la rápida expansión del VIH en muchos países junto con la percepción de fracaso en los esfuerzos de prevención del VIH existentes.Aunque esta preocupación es legítima y debe ser abordada con urgencia, un análisis más atento revela que la criminalización no previene la aparición de nuevas transmisiones ni reduce las vulnerabilidades de las mujeres frente al VIH.
De hecho, la criminalización perjudica a las mujeres más que ayudarlas, al tiempo que tiene un impacto negativo en las necesidades de salud pública y en la protección de los derechos humanos.
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