La noticia ha hecho saltar las alarmas entre los activistas europeos y españoles que exigen la retirada inmediata de la investigación criminal.
A finales del mes de enero la Autoridad de Salud Pública de Praga inició las investigaciones penales previas contra 30 hombres homosexuales con infección por el VIH que habían sido diagnosticados con una infección de transmisión sexual (ITS) durante el pasado año.
De acuerdo con esta agencia, si estos hombres con el VIH adquirieron una ITS, es la prueba inequívoca de que habían practicado sexo sin condón y, por lo tanto, habrían violado las Secciones 152 y 153 del Código Penal Checo, en el que una sentencia del Tribunal Supremo de 2005 confirmó que podría ser utilizado para procesar cualquier acto de sexo sin condón –incluyendo sexo oral– realizado por una persona con el VIH como “propagación de enfermedades infecciosas”.
La Sociedad Checa para el Sida, tras conocer la noticia y a través de varios comunicados de prensa, respondió a la Autoridad de Salud Pública de Praga señalando que su institución está proporcionando ya asesoramiento legal a algunos de los hombres afectados; que la mayoría de estos hombres tenían la carga viral indetectable y/o solo mantenían relaciones sexuales con otros hombres con el VIH (una práctica de reducción de riesgos conocida como ‘Serosorting’); que el diagnóstico de una ITS, por sí solo, no prueba que se haya practicado sexo sin condón dado que la mayoría de ITS se pueden adquirir incluso utilizando preservativo en las prácticas sexuales; y que la aplicación de leyes penales antes posibles casos de exposición al VIH no reduce la propagación del VIH, socava los esfuerzos de prevención del VIH, promueve el miedo y el estigma, castiga conductas que no son censurables e ignora los problemas reales de la prevención del VIH en República Checa.
“Hemos luchado durante mucho tiempo contra la criminalización de la vida privada de las personas con el VIH.
Creemos que la epidemia del VIH debe ser frenada no a través de la represión, sino a través del tratamiento antirretroviral el cual, en la mayoría de los casos, reduce la carga viral de los pacientes con el VIH hasta niveles indetectables, eliminando así el riesgo de transmisión”, ha afirmado la Sociedad Checa para el Sida en su comunicado.
En la misma línea se han manifestado las organizaciones europeas que defienden los derechos de las personas con el VIH.
Dichas entidades –entre las que se incluye el Foro de la Sociedad Civil sobre el VIH/sida de la Comisión Europea o el Grupo Europeo sobre Tratamientos del Sida (EATG)– están exigiendo la paralización inmediata de las investigaciones penales previas.
Los activistas consideran que el inicio de un proceso penal contra las personas con el VIH por daño corporal grave intencionado supone un motivo de preocupación acerca de la aplicación inadecuada de la ley penal.
Por su parte, en España, la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) denuncia que “el miedo al castigo dará lugar a que las personas que hayan tenido una práctica de riesgo sexual no quieran hacerse la prueba de detección y, por tanto, no podrían ser diagnosticadas ni tratadas, lo que se traduciría en un aumento de nuevos casos del VIH y otras ITS, lo que haría alejarnos del objetivo 90-90-90 de ONUSIDA para erradicar la enfermedad”.
CESIDA ha emitido un escrito a la Embajada de República Checa en España para pedir el cese de estos actos discriminatorios.
Las organizaciones comunitarias europeas han lanzado una campaña de recogida de firmas dirigida a la Comisión Europea exigiendo el fin de la criminalización de las personas con el VIH en República Checa.
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