Este informe continúa su trabajo de proporcionar actualizaciones periódicas sobre los desarrollos legislativos, políticos y prácticos relacionados con el uso de la pena capital para los delitos relacionados con las drogas, una práctica que es clara violación del derecho internacional.
A pesar de los desafíos únicos para salvaguardar el derecho a un juicio justo de las personas que enfrentan la pena de muerte, en 2020 se dictaron un número significativo de condenas a muerte por delitos relacionados con las drogas.
Esto sugiere que, si bien los países compiten para proteger la vida de sus ciudadanos de un virus mortal, están menos dispuestos a alejarse de los asesinatos sancionados por el estado como castigo.
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