Alrededor del mundo, sólo 60 por ciento de las y los trabajadores sexuales tienen acceso a condones y pruebas de detección de VIH, lo cual implica la existencia de una barrera política, social y legal para prevenir el VIH en las poblaciones más vulnerables a la pandemia.
Ante esta situación, la Alianza Internacional contra el VIH/sida, lanzó la campaña “Removamos barreras, rompiendo las barreras para prevenir el VIH”, para hacer un llamado a los gobiernos y donadores para derribar los obstáculos que impiden el acceso a programas de prevención y servicios de salud a los grupos más vulnerables al virus, en clara violación a sus derechos humanos.
De acuerdo con la organización, las comunidades con mayor riesgo de adquirir el VIH en pocas ocasiones tienen la oportunidad de acceder a servicios y programas de prevención porque son estigmatizados y discriminados.
Estos grupos son los usuarios de drogas inyectables, las y los trabajadores sexuales y los hombres que tienen sexo con hombres.
Además, algunas prácticas sexuales, la identidad de género o el uso de ciertas drogas pueden ser motivo de un estigma social. Incluso, los activistas que trabajan con estos sectores de la población son frecuentemente hostigados e intimidados por la comunidad o las autoridades.
Para la Alianza Internacional, el hecho que en algunas ocasiones sean los mismos gobiernos quienes violan los derechos humanos de estos grupos los hace todavía más vulnerables como consecuencia de legislaciones y políticas represivas, que terminan por distanciar a las personas de los servicios de salud, así como de practicar el sexo seguro y tener un uso responsable de las drogas.
Por tanto, señalan, la prevención del VIH y su tratamiento debe tener como base los derechos humanos, ya que estos permitirían a las personas negociar la reducción de riesgos de transmisión e incrementar la realización de pruebas, el acceso a tratamiento y cuidados, que en muchas ocasiones, no son solicitados por la gente por temor al estigma.
“Cuando las personas no son discriminadas, ni tratadas con violencia, y tienen acceso a leyes que las protejan, están más lejos de vivir con VIH”, recalcan los activistas por medio de su página de internet.
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