Cada año, alrededor de 4 millones de mujeres en América Latina y El Caribe deciden –a plena conciencia-abortar.
Las legislaciones en la región regulan la práctica, en márgenes que van desde la autorización limitada hasta la completa prohibición; sin embargo, en cualquiera de estas circunstancias, las mujeres hacemos ejercicio del derecho a decidir, y cuando decidimos, abortamos.
Para la mayoría de las mujeres en la región este acto de soberanía sobre la propia vida se hace en la clandestinidad, en condiciones inseguras e insalubres que vulneran la dignidad, la libertad y la salud.
Las realidades más apremiantes se viven en Chile, Nicaragua, El Salvador, Honduras y República Dominicana, donde el aborto se prohíbe en cualquier circunstancia.
En aquellos países en que se autoriza su práctica por razones terapéuticas o de violencia sexual, el acceso al procedimiento está plagado de obstáculos a causa de una institucionalidad pública que permite la intromisión de sectores religiosos y conservadores que atentan contra la oportunidad de la realización del aborto.
La negación de la interrupción voluntaria del embarazo en la legislación o en las acciones de salud es un mecanismo de poder y control sobre los cuerpos, la autonomía, la sexualidad y las decisiones reproductivas de las mujeres.
Mientras la interrupción del embarazo esté sujeta a la autorización de gobernantes, legisladores, jueces, médicos y religiosos – mayoría hombres, hijos sanos del patriarcado- a las mujeres se nos seguirá negando el reconocimiento, el respeto y la garantía de nuestra ciudadanía, ignorándonos como seres humanas plenas, capaces de tomar decisiones éticas sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Las democracias erigen como valores la autonomía, la soberanía y la libertad de los pueblos; sin embargo, estos valores son negados a las mujeres sobre el propio territorio de sus cuerpos.
Obligarnos a llevar a término un embarazo que no deseamos o no estamos en condiciones de asumir es un acto de tortura que refuerza nuestra subordinación de género.
Parte del continente hoy se ufana de los avances democráticos logrados en las últimas décadas, mientras en varios países la democracia está seriamente amenazada.
El cambio hacia gobiernos más progresistas ha tenido poco impacto en la vida de las mujeres en el campo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
El bien vivir es laico; caso contrario, es un reciclaje del discurso que da prelación al embrión por sobre los derechos de las mujeres, y que reproduce las dobles morales y los dobles estándares que legitiman –por acción u omisión- que los curas exijan más nacimientos, mientras sus abusos sexuales contra niñas y niños quedan impunes.
En este 28 de Septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, exigimos y demadamos de nuestros Estados:
Las condiciones para que la realización del aborto sea legal, gratuita, segura y accesible para todas las mujeres que lo decidan.
El cese de las persecusiones judiciales, selectivas y abusivas de mujeres que han abortado, las cuales afectan mayormente a las mujeres más pobres.
El encarcelamiento de mujeres por esta causa en nuestros países constituye una injusticia incalificable.
Medidas urgentes para evitar que la objeción de conciencia en hospitales públicos y otros contextos institucionales se convierta en un obstáculo al ejercicio de derechos o ponga en peligro la salud o las vidas de las mujeres.
Acciones para garantizar la seguridad de las defensoras de los derechos de las mujeres, en particular los sexuales y los reproductivos, en todos aquellos países donde éstas enfrentan persecuciones, intimidación y amenazas.
Reafirmar y proteger el carácter laico y plural de la democracia, evitando injerencias indebidas de extremistas religiosos que afecten la realización de reformas legales y/o la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a mejorar la salud de las mujeres y el ejercicio de sus derechos.
Seguiremos luchando para que nuestros Estados sean laicos y nuestras democracias nos respeten como ciudadanas plenas porque
EL ABORTO LEGAL Y SEGURO ES UNA CUESTIÓN DE DERECHOS Y UNA CUESTIÓN DE DEMOCRACIA.
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